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Inquilino vulnerable y desahucio: qué cambia con el Real Decreto-ley 29/2026

El Real Decreto-ley 29/2026, en vigor desde el 8 de octubre de 2026, cambia lo que ocurre cuando un juzgado va a desahuciar a un inquilino vulnerable. Esta guía lo explica en lenguaje sencillo, para propietarios particulares y para inquilinos, según la normativa vigente.

Por Equipo ContratoModelo · Actualizado: 23 de octubre de 2026

Aviso importante: pendiente de convalidación

El Real Decreto-ley 29/2026 está pendiente de convalidación. El Congreso debe pronunciarse sobre la convalidación o la derogación de cada decreto-ley dentro de los treinta días siguientes a su promulgación (artículo 86.2 de la Constitución). Como el Gobierno acordó disolver las Cortes y convocar elecciones, según el preámbulo del Real Decreto-ley 28/2026, esa decisión corresponde a la Diputación Permanente (artículo 78.2). La votación está prevista el 12 de noviembre de 2026: es la fecha anunciada y no figura en el BOE, así que compruébala en la web del Congreso. Si no se convalida, lo que explica esta guía puede cambiar.

Cómo se acredita la vulnerabilidad

La vulnerabilidad de la persona demandada puede certificarse a partir de un informe de los servicios sociales o por aplicación de los criterios del artículo 441.7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) (artículos 2.1 y 2.2 del decreto-ley).

Los criterios del artículo 441.7 de la LEC

Para la vulnerabilidad económica, el tribunal puede considerar que la renta, en un desahucio por impago, más los suministros de electricidad, gas, agua y telecomunicaciones superen el 30 por 100 de los ingresos de la unidad familiar y que estos no alcancen:

  • Con carácter general, 3 veces el IPREM mensual.
  • Ese límite sube 0,3 veces el IPREM por hijo a cargo (0,35 si la unidad familiar es monoparental o el hijo tiene una discapacidad igual o superior al 33 por ciento) y 0,2 veces por cada persona mayor de 65 años o dependiente a cargo.
  • Si algún miembro tiene una discapacidad igual o superior al 33 por ciento, dependencia o una enfermedad que le incapacite de forma permanente para trabajar, el límite general es de 5 veces el IPREM.

Para la vulnerabilidad social, el tribunal puede tener en cuenta que haya personas dependientes, víctimas de violencia sobre la mujer o menores. Siempre valora el caso de forma ponderada, incluidas las situaciones de vulnerabilidad del propietario.

Desahucio por impago: el nuevo artículo 22.6 de la LEC

Si la demanda es por falta de pago y se acredita la vulnerabilidad económica del inquilino, el decreto-ley añade un apartado 6 al artículo 22 de la LEC. No se aplica al supuesto de fondos y grandes entidades, que tiene su propio régimen. Funciona así:

  • La vulnerabilidad se comunica de inmediato a la Administración pública competente.
  • La Administración tiene un plazo máximo e improrrogable de dos meses desde la notificación para ofrecer una alternativa habitacional adecuada o, si no, pagar o consignar lo debido. Durante ese plazo se suspende el procedimiento y, en su caso, el lanzamiento.
  • Si paga o consigna dentro de plazo todo lo reclamado, lo devengado y las costas, la acción queda enervada, el procedimiento termina y el contrato sigue vigente.
  • Si pasan los dos meses sin alternativa ni pago, la Administración se subroga automáticamente en la deuda y no hay lanzamiento: el contrato sigue vigente hasta su expiración mientras se mantenga la vulnerabilidad económica.
  • Esta enervación extraordinaria es independiente de la ordinaria del apartado 4 y puede darse aunque el propietario hubiera hecho un requerimiento fehaciente de pago.

Si eres propietario

La deuda no desaparece: la Administración paga o se subroga en ella, y si tarda en pagar una vez acordado por el tribunal, se aplican intereses según la legislación aplicable.

Si eres inquilino

Tienes que acreditar tu vulnerabilidad. La suspensión no te libera de la deuda: sigues obligado a mantenerte al corriente de la renta debida (artículo 2.2).

Otros desahucios, como los de fin de contrato

Hasta el 31 de diciembre de 2030, y solo cuando no se aplica el artículo 22.6 de la LEC, el artículo 2.2 prevé para los demás desahucios, como los de fin de contrato, que si el demandado es vulnerable, no tiene alternativa habitacional y la Administración no le ha ofrecido una digna y adecuada, el tribunal pida informe a la Administración competente sobre sus recursos disponibles. Si no responde o no los tiene, suspende el proceso hasta que se adopten medidas y se garantice una alternativa adecuada, aunque ya hubiera sentencia o auto de lanzamiento sin ejecutar.

La suspensión se revisa cada doce meses y se alza cuando desaparece la vulnerabilidad, hay una alternativa adecuada, el inquilino la rechaza sin causa justificada o pasan tres años. No procede si debe prevalecer la vulnerabilidad económica o habitacional de quien demanda, salvo que sea persona jurídica o gran tenedor. Y la vulnerabilidad económica del inquilino no prevalece cuando demanda una persona física titular de dos o menos viviendas.

Fondos y grandes entidades

Hasta el 31 de diciembre de 2030 como máximo, cuando demande una entidad dedicada a adquirir inmuebles o carteras de préstamos hipotecarios impagados por un precio claramente inferior a su valor de tasación, con el objeto de eludir la función social de la vivienda o maximizar su rentabilidad, y el demandado sea vulnerable y sin alternativa habitacional, el tribunal suspende el proceso por auto, también si ya hay sentencia o lanzamiento acordado y no ejecutado (artículo 2.1). No afecta a los entes públicos territoriales ni a los organismos y empresas públicas de vivienda social y asequible.

Compensación al propietario

En la suspensión del artículo 2.2, el tribunal determina que la administración competente en vivienda asumirá los gastos necesarios para compensar al demandante, cuando es persona física o persona jurídica dedicada al alquiler asequible o social. Comprende, como máximo, la renta dejada de percibir, los suministros impagados y las costas. No son compensables el lucro cesante hipotético ni los daños morales, y la demora en el pago devenga intereses. La suspensión o la compensación no suponen que el inquilino deje de estar obligado a pagar la renta.

Procedimientos anteriores al 8 de octubre

Este régimen y el nuevo artículo 22.6 se aplican también a las ejecuciones de desahucio en curso el 8 de octubre de 2026, siempre que no se hubiera practicado el lanzamiento (disposición transitoria segunda). Presentada la solicitud, se suspende provisionalmente el lanzamiento hasta que el tribunal resuelva.

Consejos prácticos para propietarios particulares

  • Pon el contrato por escrito: cualquiera de las partes puede exigirlo (artículo 37 de la LAU).
  • Documenta la fianza y las garantías: una mensualidad de fianza y, como máximo, dos de garantía adicional en contratos de hasta cinco años; no se puede exigir un seguro de impago (artículo 36).
  • Entrega recibos y conserva los extractos de los pagos (artículo 17.4).
  • Ante un impago, reclama por escrito con prueba de entrega: un burofax con la deuda detallada deja constancia, y un requerimiento fehaciente treinta días antes de la demanda impide la enervación ordinaria (artículo 22.4 de la LEC).
  • Guarda toda la documentación de la deuda: te servirá para reclamar a la Administración lo que corresponda.

Si eres inquilino

Acude cuanto antes a los servicios sociales de tu municipio o comunidad autónoma, guarda justificantes de ingresos, gastos de vivienda y personas que conviven contigo, y recuerda que la deuda no desaparece.

Más información en ContratoModelo

Preguntas frecuentes

¿Se puede desahuciar a un inquilino vulnerable?

Según el Real Decreto-ley 29/2026, si acredita su vulnerabilidad y no tiene alternativa habitacional, el procedimiento se suspende: en un impago, hasta que la Administración ofrezca alternativa, pague o se subrogue en la deuda; en los demás casos, con revisión cada doce meses y un máximo de tres años.

¿Cuánto tiempo tiene la Administración en un desahucio por impago?

Un plazo máximo e improrrogable de dos meses desde la notificación para ofrecer una alternativa adecuada o, si no, pagar o consignar la deuda (artículo 22.6 de la LEC).

¿Quién paga al propietario durante la suspensión?

La administración competente en vivienda asume la compensación: como máximo, la renta dejada de percibir, los suministros impagados y las costas, sin lucro cesante hipotético ni daños morales.

¿Se aplica a los desahucios que ya estaban en marcha?

Sí, a las ejecuciones en curso el 8 de octubre de 2026 en las que no se hubiera practicado el lanzamiento (disposición transitoria segunda).

¿Qué pasa si el Congreso no convalida el decreto?

Lo que explica esta guía puede cambiar. El Congreso debe pronunciarse sobre su convalidación o derogación (artículo 86.2 de la Constitución): comprueba la situación en el BOE.

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Fuentes oficiales consultadas

Información general según la normativa vigente; no sustituye la opinión de un abogado ni de otro profesional. Para dudas básicas puedes usar el asistente legal gratis de esta web.