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Reforma de la dependencia y la discapacidad: qué cambia con la Ley 4/2026

La Ley 4/2026, de 1 de octubre, reforma la normativa de dependencia y de discapacidad y está en vigor desde el 23 de octubre de 2026. Esta guía resume, en lenguaje claro y según la normativa vigente, lo que cambia, lo que queda pendiente y lo que debes tener en cuenta si vas a contratar a una persona cuidadora.

Por Equipo ContratoModelo · Actualizado: 23 de octubre de 2026

Qué es y desde cuándo se aplica

La Ley 4/2026 modifica el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y la Ley 39/2006 de dependencia. Se publicó en el BOE el 3 de octubre de 2026 y entra en vigor a los veinte días (disposición final vigesimoctava): el 23 de octubre de 2026. Respeta las competencias de las comunidades autónomas en servicios sociales y atención a la dependencia, así que la gestión de las prestaciones sigue siendo autonómica.

Qué cambia hoy

Plazo para resolver

El procedimiento para reconocer la dependencia se inicia a instancia de la persona afectada o de su representante, con un plazo máximo de 3 meses para su resolución. La dicta la Administración autonómica de la residencia del solicitante y vale en todo el Estado (artículo 28 de la Ley 39/2006).

Cuándo nace el derecho a las prestaciones

El derecho de acceso a las prestaciones se genera desde la fecha de la resolución de reconocimiento o, en su caso, cuando pasan seis meses desde la solicitud sin resolución expresa notificada (disposición final primera, apartado 3, de la Ley 39/2006).

Cuidados en el entorno familiar o relacional

El artículo 18 prevé una prestación para cuidados en el entorno familiar cuando la persona dependiente lo desee, esté atendida por su entorno familiar o relacional y haya condiciones adecuadas de convivencia y de habitabilidad de la vivienda. La ley no da una lista de personas. Excepcionalmente puede no exigirse la convivencia si existe un compromiso de cuidados sin contraprestación económica y ambas personas viven en viviendas próximas.

Teleasistencia

Las personas en situación de dependencia tienen derecho a recibir el servicio de teleasistencia, con independencia del resto de prestaciones, como servicio complementario del Programa Individual de Atención y en cualquier grado de dependencia (artículo 22.4).

Asistente personal

La prestación económica de asistencia personal se reconoce en cualquiera de los grados de dependencia y sirve para contratar una asistencia personal durante un número determinado de horas, según el Programa Individual de Atención (artículo 19).

Dependencia y porcentaje de discapacidad

A los efectos de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad, se considera discapacidad del 33 por ciento la dependencia de grado I y del 65 por ciento la de grados II y III. Esa equivalencia solo produce efectos en los ámbitos previstos por ley o por otras normas que la contemplen expresamente, y no se aplica en el ámbito tributario. La persona puede pedir además la valoración de su discapacidad real (artículo 4.2).

Vivienda: obras de accesibilidad en comunidades de propietarios

La disposición final primera modifica la Ley de Propiedad Horizontal. Según el nuevo artículo 10.1.b), son obras obligatorias para la comunidad las necesarias para garantizar las condiciones de accesibilidad universal y, en todo caso, los ajustes razonables, así como las que pidan los propietarios en cuya vivienda o local vivan, trabajen o presten servicios voluntarios personas con discapacidad o mayores de setenta años, y la instalación de rampas, ascensores u otros dispositivos. El BOE añade estas reglas:

  • El importe que se repercute cada año, una vez descontadas las ayudas, no puede exceder de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes.
  • Si la comunidad pide financiación, el periodo de repercusión es de tantos años como permitan las opciones de financiación disponibles.
  • La persona interesada puede aportar información sobre ayudas y subvenciones, y la comunidad está obligada a solicitarlas.
  • Si las ayudas concedidas alcanzan el setenta por ciento del importe, la ejecución es obligatoria sin esos límites económicos.
  • Si la comunidad no hace las obras, el interesado puede pedir a la autoridad judicial que obligue a hacerlas.
  • Siguen siendo obligatorias aunque las ayudas no lleguen al setenta por ciento o el coste supere el límite, si el exceso lo asumen quienes las hayan requerido.

La Administración General del Estado y el resto de Administraciones habilitarán en sus presupuestos créditos para ayudas a la accesibilidad universal en edificios de viviendas (disposición adicional tercera de la Ley de Propiedad Horizontal).

Fechas pendientes

  • Hacia el 23 de abril de 2027, seis meses después de la entrada en vigor: criterios comunes mínimos para los servicios de apoyo a las personas cuidadoras no profesionales (disposición final cuarta bis de la Ley 39/2006).
  • Hacia el 23 de octubre de 2027, un año después: el Gobierno debe aprobar un nuevo baremo de valoración de la dependencia (disposición final vigesimocuarta).
  • Antes del 1 de enero de 2030: las comunidades autónomas deben haber adaptado sus regímenes de incompatibilidad para garantizar la compatibilidad de todas las prestaciones de base domiciliaria (disposición adicional vigesimoprimera de la Ley 39/2006).

Si contratas a una persona cuidadora o a un asistente personal

Certificado de antecedentes

La disposición adicional segunda exige, para acceder y ejercer ocupaciones, retribuidas o no, que impliquen contacto habitual con personas con discapacidad o dependientes en el ámbito de los apoyos y cuidados, no haber sido condenado por sentencia firme por delitos contra la libertad sexual, de trata o de violencia doméstica y de género. Se acredita con una certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales y Trata de Seres Humanos y del Registro Central para la Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica y de Género, según corresponda. Con antecedentes, la contratación es legalmente imposible, y si surgen después, la relación laboral termina de inmediato. Los antecedentes cancelados no cuentan.

Contrato por escrito

La Ley 4/2026 no regula la forma del contrato. Si contratas directamente, como titular del hogar, a una persona para atender a un familiar, se aplica el Real Decreto 1620/2011 del servicio del hogar familiar: cualquiera de las partes puede exigir que el contrato se formalice por escrito y, sin pacto escrito, se presume indefinido y a jornada completa (artículo 5). Conviene dejar por escrito funciones, horario, salario y duración.

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Preguntas frecuentes

¿Desde cuándo se aplica la Ley 4/2026?

Desde el 23 de octubre de 2026, veinte días después de su publicación en el BOE del 3 de octubre de 2026.

¿Cuánto tiempo tienen para resolver mi solicitud de dependencia?

Un máximo de tres meses (artículo 28 de la Ley 39/2006). Si pasan seis meses sin resolución expresa, el derecho de acceso a las prestaciones se genera igualmente.

¿Una persona con dependencia de grado I tiene un 33 % de discapacidad?

A los efectos de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad se considera que sí, pero solo donde una ley u otra norma lo prevea y no en el ámbito tributario.

¿Puede cuidarme alguien de mi entorno que no sea un familiar?

La prestación del artículo 18 habla de atención por el entorno familiar o relacional. Puede no exigirse la convivencia si hay un compromiso de cuidados sin contraprestación y ambas personas viven en viviendas próximas.

¿Qué necesito para contratar a una persona cuidadora?

Que aporte una certificación negativa de los registros de delincuentes sexuales y de violencia doméstica y de género. Y conviene un contrato por escrito, que la normativa del servicio del hogar permite exigir a cualquiera de las partes.

Fuentes oficiales consultadas

Información general según la normativa vigente; no sustituye la opinión de un abogado ni de otro profesional. Para dudas básicas puedes usar el asistente legal gratis de esta web.